Las organizaciones indígenas y campesinas de Guatemala han obtenido 500 firmas para la carta presentada al presidente Otto Perez Molina para pedir de revocar el estado de asedio a la población indígena de Santa Cruz Barillas (Huehuetenango) y de liberar las 17 personas detenidas, acusadas del asalto al cuartel el primero de mayo. Aunque Molina impute los acontecimientos al narcotráfico, la verdadera razón que ha provocado la reacción de la población es el asesinado de un líder campesino, Andrès Francisco Miguel, por los guardias de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, filial de la empresa española Hidralia Energía S.p.a. El proyecto "Cambalam" de construcción de la hidroeléctrica ha obtenido autorización en 2009. La población de Santa Cruz Barillas se ha opuesto en 2011, apoyándose en el derecho de consulta previa que le garantiza la ley, tratándose de territorios sagrados, de tierras agrícolas abundantes en agua. La violencia ha estallado en las últimas semanas, tras el asesinato del líder campesino : 300 personas han asaltado el cuartel pidiendo justicia y luego han huido en las montanas para evitar las represiones. Las 15 personas aprisionadas de manera indiscriminada son acusadas de terrorismo, violación de propiedad privada y militar. Los conflictos se perpetúan en Guatemala en relación a la apropiación y destrucción por las empresas extranjeras de los recursos naturales pertenecientes desde hace siglos a las comunidades indígenas y campesinas. Aunque un comienzo de dialogo se haya abierto con el gobierno para el respecto de los derechos de los pueblos indígenas y la discusión de la ley de desarrollo rural, hasta la fecha la violencia y las desapariciones de campesinos permanecen siendo la realidad en el campo cuando las comunidades se oponen a la destrucción de sus territorios y recursos. Publicamos aquí el PRONUNCIAMENTO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA CONSULTA COMUNITARIA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE IXCÁN, mayo 2012. También pueden consultar el articulo sobre el conflicto relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Palo Verde por la empresa italiana ENEL en el municipio de San Juan de Cotzal

A los pueblos del mundo

A la prensa nacional e internacional

A las instancias internacionales de Derechos Humanos

Al Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

A la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala.

A la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala

Los abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por los graves hechos acaecidos en el municipio de Santa Cruz, Barillas, Huehuetenango, entre el 1º y 3 de mayo de 2012. Tenemos conocimiento que desde el año pasado las comunidades de este municipio han manifestado su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Cambalam, por parte de la empresa Hidro Santa Cruz S.A. en el lugar conocido como Poza Verde, cercano a la cabecera municipal de Barillas. Ante la oposición comunitaria la empresa amenazó a las comunidades y acusó penalmente a los líderes como delincuentes y criminales. Este año la empresa retomó sus planes y continuó con los hostigamientos a las comunidades y líderes, e incluso colocó bombas en los alrededores del lugar donde se pretende construir la hidroeléctrica, tal como consta en la denuncia 370-2012, de fecha 16 de abril, presentada por el Alcalde Municipal de Barillas ante el Juez de Paz de dicho municipio.

En días posteriores la empresa continuó amenazando a los comunitarios. El 1º de mayo miembros de la empresa dispararon en contra de tres campesinos que pasaban por un camino vecinal frente a las instalaciones de la empresa. En este hecho murió Andrés Francisco Miguel y resultaron gravemente heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, uno de ellos se ha negado a vender sus tierras a la empresa. Ante estos hechos violentos las comunidades se levantaron indignadas y exigieron el respeto a sus derechos ante las autoridades y cuerpos de seguridad. Esta situación, sumada a la coyuntura de feria patronal, fue aprovechada por grupos vandálicos ajenos a las comunidades para provocar disturbios. El gobierno decretó el estado de sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas en contra de la voluntad del Sr. Alcalde Municipal. Desde ese día miembros del ejército y la policía nacional tomaron el pueblo y han estado realizando cateos a casas habitación y capturas sin orden de juez competente, en contra de líderes comunitarios y personas inocentes. Hasta el momento se reportan más de diez personas detenidas, quienes fueron trasladadas al destacamento militar y posteriormente a la ciudad de Huehuetenango.

Ante estos hechos MANIFESTAMOS :

1. Nuestro rechazo a la imposición de la hidroeléctrica mediante acciones violentas en contra de las comunidades y sus líderes que defienden su territorio como pueblos indígenas. Condenamos los actos de intimidación, persecución legal, cooptación de líderes y mensajes telefónicos con amenazas que ejerce la empresa Hidro Santa Cruz contra los líderes comunitarios que se han negado a venderle sus tierras a la empresa.

2. Nuestra inconformidad con la política del gobierno y las empresas de hacer pasar como criminales a los líderes comunitarios que defienden su territorio, como en el caso de San Juan Sacatepéquez, Cunen y Barillas.

3. Rechazamos la criminalización de la organización y lucha comunitaria a través de los medios masivos de comunicación, y vinculándolos con actividades del narcotráfico o del crimen organizado sin tener pruebas y constituyéndose en tribunal de sentencia.

4. Recordamos que el gobierno de Guatemala debe respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y que la Corte Constitucionalidad[1] sentenció que son ilegales todas las licencias otorgadas en territorios indígenas que no cuenten con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia indígena.

5. Reiteramos que el derecho a la propiedad privada no puede pasar por encima del bienestar común, tal como establece el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

6. Llamamos a la población en general a no dejarse engañar por informaciones tendenciosas, ni caer en provocaciones. No confundir los actos de vandalismo y crimen organizado con las luchas sociales en contra de los megaproyectos.

7. Manifestamos nuestras condolencias a la familia de Andrés Francisco Miguel, quien resultó muerto durante el ataque de la empresa y solidaridad con los hermanos heridos o detenidos injustamente.

Demandamos :

1. Investigación a los ejecutivos y personal de la Empresa Hidro Santa Cruz S.A. para determinar responsabilidades de los autores materiales e intelectuales en el asesinato de Andrés Francisco Miguel, llevar ante los tribunales justicia a los responsables del asesinato de Andrés Francisco Miguel y reparar daños a su familia.

2. Demandamos la inmediata libertad a los capturados y suspender las órdenes de captura contra los líderes comunitarios.

3. Al Ministro de Gobernación y organismo judicial no parcializarse defendiendo a la empresa Hidro Santa Cruz. Deberá contribuir al esclarecimiento de los hechos de manera imparcial, neutral y objetiva.

4. Exigimos gobierno presidido por el señor Otto Pérez Molina levantar el estado de sitio y respetar los derechos civiles de la población. Así como respetar los derechos de las comunidades indígenas de Santa Cruz Barillas a sus tierras, territorios y recursos naturales.

5. El respeto al resultado de la consulta comunitaria celebrada en el municipio de Barillas el 23 de junio del 2007, donde masivamente la población se pronunció en contra de la minería y otros megaproyectos.

Playa Grande, Ixcán, Quiche, 03 de mayo de 2012.

Asociación de Promotores Rurales de Xalbal –APRUXAL-, Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán –ROMI-, Jóvenes Transformando la Realidad del Ixcán –JOTEI-, Asociación de Desarrollo Social de Ixcán –ADESI-, Asociación Puente de Paz, Fundación Guillermo Toriello –FGT-, Servicios Jurídicos y Sociales -SERJUS-, Pastoral Social de Ixcán, Asociación Comunitaria Coordinadora de Servicios de Salud –ACCSS-, Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala –PLURIJUR-